Piden a IP sumarse a acciones por desacato a suspensiones de SCJN
Formalizan juicio político contra diputados locales
La demanda fue presentada ante el Congreso de la Unión por Conciencia Cívica.
2011-09-13•Ciudad y Región Milenio Guadalajara
El posible desacato de los legisladores locales por nombrar magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), a pesar de que ya habían sido notificados de una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llegó a la Cámara de Diputados, a través de una demanda de juicio político. Pero las acciones legales no fueron emprendidas por los líderes empresariales que hicieron el anuncio, sino por los integrantes de la agrupación Conciencia Cívica.
Al respecto, el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), César Madrigal Díaz, quien forma parte de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, dijo que él sólo ha conocido del tema a través de los medios de comunicación. Explicó que en este caso la Legislatura federal podría intervenir por dos vías: si un ciudadano presenta una demanda de juicio político o bien, si producto del recurso que se interpuso ante la Corte, se pide el desafuero de los diputados locales.
Las acciones en contra del Congreso local son producto del nombramiento de siete magistrados del STJE el 23 de agosto pasado, el mismo día que fueron notificados de una suspensión de la Corte, por las controversias constitucionales que presentaron los poderes Ejecutivo y Judicial.
La controversia del Ejecutivo es por el nombramiento de cuatro magistrados, como parte de una ampliación del STJE aprobada por los propios diputados, la cual no ha sido publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco y, por lo tanto, no ha entrado en vigor. Por su parte, el Poder Judicial presentó una controversia constitucional por la designación de tres magistrados, que suplirían a los que están en edad de retiro, quienes todavía tienen pendientes acciones legales porque no han quedado conformes con el pago de su jubilación.
La demanda de juicio político por parte de Conciencia Cívica fue presentada por Salvador Cosío Gaona, Juan Manuel Estrada Juárez y Jorge Enrique Murillo Hernández y está dirigida a la secretaría general del Congreso de la Unión. Las acciones son contra los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, los diputados por el Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Macías Zambrano, Rafael Torres Marmolejo y José María Martínez Martínez; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Araceli Gómez Flores, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Noel Pérez de Alba, Elisa Ayón Hernández y Marco Antonio Barba Mariscal, así como el director Jurídico, Luis Antonio Rocha Santos “y quienes resulten responsables”.
Se les señala por “omisión a las leyes, abuso de autoridad, delitos cometidos contra servidores público, ejercicio indebido de servicio público, por desacato en perjuicio de la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la controversia constitucional 87/2011”.
Cosío Gaona invitó a los líderes empresariales que anunciaron que presentarían demanda de juicio político a que también lo hagan o se sumen a la suya y que no sólo se queden en declaraciones.
El diputado federal César Madrigal dijo que los juicios políticos son atendidos por las dos cámaras, aunque la de Diputados será la de origen.
Formalizan juicio político contra diputados locales
La demanda fue presentada ante el Congreso de la Unión por Conciencia Cívica.
2011-09-13•Ciudad y Región Milenio Guadalajara
El posible desacato de los legisladores locales por nombrar magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), a pesar de que ya habían sido notificados de una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llegó a la Cámara de Diputados, a través de una demanda de juicio político. Pero las acciones legales no fueron emprendidas por los líderes empresariales que hicieron el anuncio, sino por los integrantes de la agrupación Conciencia Cívica.
Al respecto, el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), César Madrigal Díaz, quien forma parte de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, dijo que él sólo ha conocido del tema a través de los medios de comunicación. Explicó que en este caso la Legislatura federal podría intervenir por dos vías: si un ciudadano presenta una demanda de juicio político o bien, si producto del recurso que se interpuso ante la Corte, se pide el desafuero de los diputados locales.
Las acciones en contra del Congreso local son producto del nombramiento de siete magistrados del STJE el 23 de agosto pasado, el mismo día que fueron notificados de una suspensión de la Corte, por las controversias constitucionales que presentaron los poderes Ejecutivo y Judicial.
La controversia del Ejecutivo es por el nombramiento de cuatro magistrados, como parte de una ampliación del STJE aprobada por los propios diputados, la cual no ha sido publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco y, por lo tanto, no ha entrado en vigor. Por su parte, el Poder Judicial presentó una controversia constitucional por la designación de tres magistrados, que suplirían a los que están en edad de retiro, quienes todavía tienen pendientes acciones legales porque no han quedado conformes con el pago de su jubilación.
La demanda de juicio político por parte de Conciencia Cívica fue presentada por Salvador Cosío Gaona, Juan Manuel Estrada Juárez y Jorge Enrique Murillo Hernández y está dirigida a la secretaría general del Congreso de la Unión. Las acciones son contra los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, los diputados por el Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Macías Zambrano, Rafael Torres Marmolejo y José María Martínez Martínez; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Araceli Gómez Flores, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Noel Pérez de Alba, Elisa Ayón Hernández y Marco Antonio Barba Mariscal, así como el director Jurídico, Luis Antonio Rocha Santos “y quienes resulten responsables”.
Se les señala por “omisión a las leyes, abuso de autoridad, delitos cometidos contra servidores público, ejercicio indebido de servicio público, por desacato en perjuicio de la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la controversia constitucional 87/2011”.
Cosío Gaona invitó a los líderes empresariales que anunciaron que presentarían demanda de juicio político a que también lo hagan o se sumen a la suya y que no sólo se queden en declaraciones.
El diputado federal César Madrigal dijo que los juicios políticos son atendidos por las dos cámaras, aunque la de Diputados será la de origen.
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